María Silva y María Díaz tenían 22 y 21 años, eran madres de uno y de dos niños y no querían tener más. Murieron a finales de septiembre y principios de octubre en Santa Fe y en Córdoba (Argentina), víctimas de infecciones provocadas por abortos clandestinos, realizados en pésimas condiciones sanitarias. La única periodista que lo contó fue Mariana Carvajal, en Página12. El resto de los medios argentinos ignoraron prácticamente las dos muertes.
La negativa a debatir los terribles efectos de la ilegalización del aborto, el hecho de que constituye un grave problema de salud pública, es una de las peores maldiciones que sufren las mujeres de casi todo América Latina, uno de los sitios más peligrosos del mundo para ser mujer y uno de los que más tarde ha llegado el cambio cultural sobre la sexualidad y la reproducción. De nada sirve que las estadísticas hablen de cuatro millones de abortos clandestinos al año o de 4.000 mujeres muertas que pudieron haberse evitado. Imposible conseguir que los parlamentos discutan la situación o que políticos de peso se pronuncien a favor de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Increíblemente, en algunos casos las leyes aprobadas en los años treinta para autorizar abortos terapéuticos (por riesgo de la vida de la madre o por violación) han sido revisadas, pero para endurecerlas más. Y en los pocos países en los que se intenta avanzar, la reacción es furibunda.
Esta semana ha habido incidentes en Bogotá, donde grupos de mujeres pedían que se aplique una decisión de la Corte Constitucional que obliga al Gobierno a informar en las escuelas sobre los tres casos en los que el aborto está despenalizado (violación, malformación del feto y riesgo para la vida de la madre). La idea surgió del caso de una niña de 13 años violada por un vecino que, pese a tener derecho legal a abortar, fue rechazada en siete hospitales. Incluso un juez le negó protección jurídica. Finalmente, la Corte dio la razón a la niña (que ya había tenido al bebé) y recordó que el Gobierno tiene la obligación de informar en las escuelas de secundaria. El rechazo de la Iglesia fue total. "Los educadores católicos no vamos a enseñarles eso", dijo Juan Vicente Córdoba, portavoz de la Conferencia Episcopal.
La posición de la Iglesia católica, absolutamente combativa, resulta decisiva. La mayoría de los obispos latinoamericanos no sólo condena, sino que persigue con saña a quienes se atreven a practicarlo. Hay que recordar al obispo brasileño que quería obligar a una niña de 10 años, violada por su padrastro, a tener mellizos o la campaña desatada este mes por el obispo de Tucumán (Argentina) que envió a sus fanatizados fieles a insultar y atacar a las 20.000 participantes en el XXIII Encuentro de Mujeres, porque exigían que pusieran en marcha la ley federal que garantiza el reparto gratuito de anticonceptivos.
"Lo peor es que existe una enorme resistencia a discutir siquiera el problema", explica Mariana Carvajal, que acaba de publicar en Argentina El aborto en debate: aportes para una discusión pendiente (Editorial Paidós). Lo mismo opina Carmen Argibay, jueza de la Corte Suprema de Justicia y una de las pocas voces que intenta colocar el tema en la agenda pública. "Reconozcamos que el aborto es algo que existe".
La capa de invisibilidad con que se quiere cubrir el problema no evita que la realidad asome: en Argentina se practican entre 460.000 y 600.000 abortos anuales. "Es una cuestión de salud pública y muchos médicos son conscientes de ello", admite Argibay.
Carvajal cuenta que los médicos y los políticos más preocupados por esa realidad intentan encontrar atajos para mejorarla. "Por ejemplo, la estrategia de reducción de daños, que se puso en marcha en Uruguay y que supone una consejería "pre y post" aborto. Los médicos saben que no pueden practicarlo ni recomendarlo, pero sí "informar" a las mujeres sobre las maneras de llevarlo a cabo. Y, además, pueden atenderlas una vez que lo han practicado.
Estos pequeños pasos son importantes pero tienen poco impacto sobre la cifra de abortos clandestinos y de muertes. De hecho, México DF, con una nueva ley de plazos, como la cubana, es la única gran ciudad americana donde ha bajado sustancialmente el número de víctimas. Da la impresión de que lo que está ayudando más a las latinoamericanas en esta década no es la llegada al poder de mujeres presidentas o de gobiernos de izquierda, sino la aparición de un medicamento que se llama Misoprostol, que se receta para el tratamiento de úlceras gástricas, pero que tiene un efecto abortivo. La información boca a boca y los farmacéuticos comprensivos han resultado un camino no siempre eficaz pero sí, al menos, de riesgo más reducido.
"El problema es que muchas veces ni tan siquiera se aplican las legislaciones actuales que, en muchos países, consideran no punible que una mujer aborte si está en riesgo su vida o si ha sido víctima de una violación (aunque en Argentina, por ejemplo, ese supuesto se reserva sólo para mujeres violadas que sean idiotas o dementes)", explica Carvajal. Salvo Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, donde no se puede abortar ni para salvar a la madre, en todos los demás países de la región se admite el aborto por violación, incesto o grave peligro para la salud de la madre, pero la influencia de las diferentes iglesias, la falta de información y la falta de voluntad de los políticos han hecho que ni tan siquiera en esos casos tan reducidos las mujeres puedan interrumpir su embarazo de forma segura. Excepción hecha, claro, de las de clase alta, económicamente potente, que abortan sin problemas y en secreto en las clínicas privadas de todos esos mismos países.
